El Tiempo: Grupos criminales se hacen fuertes en la frontera entre Colombia y Venezuela

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La situación a lo largo de los 2.219 kilómetros de la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia es paradójica: miles de personas atraviesan a diario de un lado al otro, en difíciles condiciones de seguridad, bajo la mirada acechante de grupos armados ilegales, mientras que las autoridades de los dos Estados se repelen mutuamente. No hay relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, cuando Nicolás Maduro ordenó la expulsión de diplomáticos colombianos. El gobierno del presidente Iván Duque, por su parte, no reconoce su legitimidad con el argumento de que él fue elegido en unos comicios fraudulentos.

Annette Idler, nacida en Stuttgart (Alemania), Ph. D. en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Oxford y directora de estudios del Changing Character of War Centre, palpó en el terreno cómo es la vida de la gente en estas circunstancias. Su experiencia está en el libro Fronteras rojas: una mirada al conflicto y el crimen desde las márgenes de Colombia, Ecuador y Venezuela, que acaba de ser publicado. El Tiempo la entrevistó.

—¿Qué lleva a una alemana a ir a las fronteras de Colombia?

—Las fronteras son fenómenos fascinantes, porque las percibimos como algo fijo, unas líneas que separan los países, pero son construcciones sociales. La realidad es transfronteriza. Es decir, cruzan las personas de un lado al otro, hay poblaciones transnacionales que viven en los dos lados de la frontera, la gente pasa todos los días de un lado al otro. Y en el caso de Colombia, también cruzan los actores armados y con esto la violencia.

—¿Cuál es su diagnóstico?

—Las fronteras son relevantes en tres sentidos: uno, son un lugar de retiro y de descanso para los actores armados; dos, se prestan para asegurar fuentes de ingreso para estos actores. Por eso, los frentes de finanzas de las guerrillas han operado históricamente allá, es donde hacen sus acuerdos comerciales, sus negocios de armas, drogas, medicina, uniformes, etc. Y más general, todos los grupos violentos no estatales, incluyendo grupos criminales y hasta los carteles mexicanos, quieren controlar los puntos de partida de las rutas internacionales del narcotráfico.

—¿Qué implica el abandono estatal?

—Ese es el tercer punto. Las fronteras son relevantes justamente por el abandono del Estado que se vive allá. El hecho de que los actores armados pueden usarlas como lugar de descanso y para enriquecerse es precisamente porque hay una ausencia selectiva del Estado, justamente de esto se aprovechan los grupos.

—¿Cuánto tiempo estuvo en la frontera con Venezuela?

—La mayor parte del trabajo de campo la hice entre el 2011 y el 2013, durante más o menos 12 meses. Luego volví cada año a ciertos lugares.

—¿Cómo definiría usted esa frontera?

—Es una frontera que se destaca por su diversidad, desde el desierto en el norte, la parte montañosa de la serranía de Perijá, el área metropolitana, urbana de Cúcuta, y regiones más selváticas. Al mismo tiempo cuenta con sistemas de gobernanza estatal muy débiles, es decir, muy poca infraestructura, por ejemplo, de carreteras, la falta de servicios básicos y de electricidad. A pesar de esto, la gente que vive allá por lo general trabaja muy duro para salir adelante.

—¿Qué significa que esa frontera sea tan porosa?

—Mucho. Es una frontera bastante porosa. Tiene más de 2.200 kilómetros, con pocos cruces fronterizos oficiales, pero un sinfín de cruces informales, las trochas. Estas trochas le sirven a la gente para cruzar en su vida cotidiana, pero les también sirven a los actores armados. Esto produce vulnerabilidad a la inseguridad.

—¿Y el hecho de que no esté abierta?

—El problema es que solo se cierran los cruces formales, mientras que las trochas siguen funcionando. Muchas trochas están controladas por grupos criminales o actores del conflicto, se aprovechan de esta situación: extorsionan a la gente que cruza, hay muchos casos de abuso sexual contra las mujeres y hasta trata de personas, incluyendo de niños, que se ven obligados usar las trochas dado que los cruces oficiales están cerrados.

—El presidente Duque anunció la reapertura, ¿cómo ve esa decisión?

—Por un lado, es bueno reabrir la frontera, pero, por el otro lado, no sirve mucho porque ha sido una decisión unilateral. Del lado venezolano sigue cerrada y por eso no cambia la situación. Más importante sería establecer un canal de comunicación entre los gobiernos colombiano y venezolano para ponerse de acuerdo sobre temas como esta emergencia humanitaria y de salud pública para que no sufra la gente.

—¿Por qué las organizaciones criminales se desarrollan de esa manera en la frontera con Venezuela?

—Se aprovechan de lo que identifico en mi libro Fronteras rojas como ‘efecto frontera’. La frontera tiene tres características: primero, los débiles sistemas de gobernanza estatal que mencioné antes; segundo, una propensión a la impunidad por la deficiente coordinación de los sistemas de seguridad y judicial de los dos lados de la frontera, y tercero, un ambiente de altas oportunidades y bajos riesgos por la porosidad de la frontera, lo que se presta para actividades económicas transfronterizas ilegales.

—¿Esto qué produce?

—Conjuntamente, estas características producen el ‘efecto frontera’: facilitan el uso de violencia, disuaden las relaciones de confianza, atraen a los actores armados por las rentas ilícitas y disfrazan los matices de inseguridad como inseguridad generalizada. Las organizaciones criminales se aprovechan de esta situación, es más fácil operar y consolidarse en espacios transfronterizos como el que comparten Colombia y Venezuela que en otros lados de los países.

—¿Cuáles son las organizaciones criminales más fuertes en la frontera con Venezuela?

—Hay diferentes organizaciones, pero lo importante es no solo fijarse en los nombres de los grupos, sino en los patrones de su presencia. Cambian los nombres, pero no cambian estos patrones del orden no estatal. Por ejemplo, por lo general, se concentran los grupos en los nodos estratégicos del narcotráfico que forman parte de las redes de las cadenas de suministro de cocaína; incluye por ejemplo Cúcuta y Maicao. En estos nodos convergen los flujos de droga, de armas, de gasolina y de otros bienes. Allá compiten por el control de la ruta. Luego, en otros lugares como los sitios de la producción de la coca, se requiere una presencia más estable, por eso, en estos lugares por lo general tienen presencia los grupos con más capacidad militar.

Hace unas semanas se informó que ‘Jesús Santrich’ aparentemente habría muerto en la frontera. ¿Usted qué información tiene?

—Tengo información no corroborada, y como académica, prefiero no especular porque no tengo la evidencia suficiente para poder sacar una conclusión bien informada.

¿Cuál es el drama humano de los ciudadanos que hoy viven en la frontera?

—Los ciudadanos hoy viven una triple crisis. Esa triple crisis es uno de los enfoques principales del programa de investigación CONPEACE (From Conflict Actors to Architects of Peace / De actores de conflicto a arquitectos de la paz), que estoy dirigiendo en la Universidad de Oxford.

—¿Cuáles son los componentes de esta triple crisis?

—Primero, es una crisis de inseguridad porque los habitantes de la frontera siguen viviendo en temor y siguen los incidentes de violencia, como lo mostró más recientemente el atentado en Cúcuta. Segundo, es una crisis de emergencia humanitaria por la llegada masiva de los refugiados y migrantes venezolanos. Llegan a un lugar donde la situación sigue siendo precaria, es decir, hay una doble presión por parte de los colombianos y los venezolanos sobre los servicios básicos, los empleos, etc. Desafortunadamente ha contribuido a la xenofobia. Y, tercero, también es una crisis de salud pública porque estamos en plena pandemia. Además, los actores armados se aprovechan de que agencias del Estado y organismos internacionales tuvieron que parar sus actividades y establecieron sus propias reglas de salud pública, se acercaron más a las poblaciones, el Estado ha perdido más legitimidad entre muchas comunidades.

—¿Cuál es el rol del Estado colombiano allí?

—Es clave asistir a los venezolanos que llegan a Colombia, tal como Venezuela ha apoyado a los colombianos que han llegado a Venezuela durante décadas. También es clave invertir más en desarrollo: construir carreteras, proveer electricidad, servicios básicos y educación son inversiones fáciles para aumentar las oportunidades económicas legales y así contrarrestar la economía ilícita. Si la gente tiene opciones viables de trabajo en la economía legal, es mucho menos atractivo vincularse a opciones ilegales. Obviamente, también es clave prestar seguridad, pero esto debe ser una seguridad que integra la visión de la seguridad nacional con la visión de la seguridad ciudadana. Es decir, donde se toma en serio las experiencias y las percepciones de las personas que pueden participar en el diseño de las políticas públicas.

—¿Cómo cree usted que se puede manejar esta crisis?

—Lo más importante es que el Estado entienda la triple crisis como un solo fenómeno: la inseguridad, la situación de migración y la emergencia de salud son crisis interdependientes, es decir, uno no puede mejorar en uno de estos tres elementos sin tener en cuenta los otros dos. Por ejemplo, por falta de opciones en el contexto de la pandemia, hay grupos armados colombianos que reclutan venezolanos que llegan al país sin saber que llegan a los brazos de estos grupos. Así se consolidan los grupos armados aún más, lo que aumenta la inseguridad.

—¿Cree que Duque puede tomar decisiones unilateralmente?

—Con respecto a la frontera no es una decisión blanco-negro de abrir o cerrar, sino de regular, juntamente con el Estado venezolano.

—¿Cuál es rol hoy de las disidencias de las Farc y el Eln en la frontera?

—De cierta manera, el rol es muy parecido al de las Farc (no la disidencia) y el Eln antes. Siguen operando en los dos lados de la frontera, siguen aprovechándose de la economía ilícita y siguen beneficiándose de la ausencia selectiva del Estado. En muchos lugares en Arauca, por ejemplo, el Eln ha establecido una cierta ‘ciudadanía de sombra’, es decir, una relación similar a un contrato social en la que los actores armados proveen bienes y servicios públicos, al mismo tiempo que definen las reglas de comportamiento adecuado, mientras que los ciudadanos le reconocen su autoridad ilícita a nivel social. Por lo general, las disidencias de las Farc y el Eln forman parte de los patrones de orden no estatal, junto con otros actores armados. Conjuntamente, producen un paisaje cambiante de seguridad.

—El presidente Duque dijo que Maduro tenía las horas contadas. En lo que usted vio en la frontera, ¿qué cree?

—Esto es difícil predecir. Esto dijeron ya hace varios años y no ha cambiado la situación. Incluso en el caso de que haya un cambio de gobierno en Venezuela pronto, esta es una crisis de largo plazo que no cambia de un día a otro. Los venezolanos que se fueron de su país quizás nunca van a querer volver; igual a los muchísimos colombianos que se refugiaron fuera de Colombia y decidieron quedarse en España, Estados Unidos, Ecuador o donde sea. Lo importante con respecto a la frontera ahora es reconocer que la realidad, incluyendo la de inseguridad, es transnacional, no es solo del lado venezolano o solo del lado colombiano.

—Para usted, ¿las soluciones deben ser consensuadas?

—Se han mezclado diferentes formas de inseguridad de los dos lados y por eso es tan importante tener una respuesta coordinada para mejorar la situación y proteger las vidas de tantas personas que viven allá. Últimamente, esto no solo es una inversión que ayuda a nivel local. Se beneficiarían también los bogotanos y los demás ciudadanos de los centros urbanos, porque serviría para erradicar la economía ilegal y para poner un ejemplo de reducir los resentimientos por el abandono del Estado no solo en los márgenes geográficos, sino también en los márgenes sociales de la sociedad.

ELTIEMPO

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