El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó este jueves 15 sobre la decisión de la administración de Nicolás Maduro de expulsar del país a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), por su supuestos «ataques exacerbados» contra Venezuela.
El Gobierno venezolano da 72 horas a los 13 funcionarios de la Oacnudh para que se retiren del país. El canciller anunció además que se suspenden las actividades de esta Oficina y se revisarán los acuerdos firmados con ella en los próximos 30 días.
«Buscan crear una especie de tutela a nuestros poderes públicos (…) Esto en ningún Estado es tolerable. Esta oficina sigue un mandato de los Estados que forman parte de Naciones Unidas. Mal bien puede la Oficina osar responder por las informaciones (…) máxime cuando no ha ocurrido ninguna violación a los derechos humanos», aseguró el canciller en unas declaraciones desde la sede de la Cancillería.
Calificó la decisión como «administrativa» e insistió en que la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela «se ha desviado de su mandato». Afirmó que el trabajo que debería hacer esta instancia independiente de la ONU es «combatir los efectos» de las sanciones y denunciar las conspiraciones contra las autoridades venezolanas.
El Sindicato de Trabajadores de la Prensa rechazó la medida con un pronunciamiento a través de la red social X.
«Rechazamos y denunciamos la decisión del gobierno de expulsar a los representantes de la Oacnudh de Venezuela. La misión de la ONU ha estado en el país desde el 2019 y su salida aumenta la desprotección de las víctimas de violaciones de DDHH y disminuye la observancia».
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