La audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, se llevará a cabo este martes, a las 8:00 de la mañana, según informó la Fiscalía.
El domingo 30 de julio, en la tarde, fueron legalizadas las detenciones de Petro Burgos y su exesposa Day Vásquez, por el juez 74 penal con función de control de garantías de Bogotá. La audiencia de hoy será reservada, según declaró el mismo magistrado. En la sesión, los imputados deberán aceptar o no las imputaciones, lo que dara paso a un juicio penal.
La defensa del hijo del mandatario de Colombia adelantó que su defendido se declarará inocente de los señalamientos de la Fiscalía. El abogado David Teleky dijo este lunes que el escenario es complicado, pero que hará todo lo que esté a su alcance para demostrar que la medida de aseguramiento contra su cliente, que la Fiscalía planea solicitar en la audiencia de mañana, no es urgente ni necesaria, informó el sitio web Semana.com.
«No está razonada, no tiene ninguno de los requisitos que debe tener. Para que la gente entienda, una medida cautelar de esta naturaleza, que es durante el trámite de un proceso, donde no se debe discutir, en lo absoluto, ningún grado de responsabilidad, sino simplemente, si la persona ofrece un peligro para la comunidad, para el proceso, para las víctimas, para las pruebas”, señaló el abogado.
Petro Burgos fue detenido el sábado pasado, a las 6:00 am, al igual que su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez, conocida como Day Vásquez. De acuerdo a la información, la Fiscalía formulará cargos en contra de Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Vásquez Castro será imputada por lavado de activos y violación de datos personales.
El caso representa un duro golpe al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, al ser la primera vez en la historia del país que el hijo de un presidente en funciones es detenido y acusado de recibir fondos ilícitos para la campaña, lo que ha llevado a la oposición a solicitar una investigación en torno al mandatario.
Durante la audiencia del domingo, el juez también legalizó la incautación de elementos materiales probatorios.
Como parte de la investigación, la fiscalía recolectó innumerables conversaciones que se encontraban en el celular de la exesposa de Petro Burgos, los cuales constarían como elementos probatorios de la imputación.
Y es que el teléfono celular de Vásquez, que estuvo en manos de la Fiscalía durante dos meses, quedó el rastro de todo lo que hizo Nicolás Petro Burbos desde 2021 a la fecha. Los chats, videos y notas de voz son el principal elemento de prueba en el expediente.
Indico Semana.com que las notas de voz son conversaciones del propio Petro Burgos con los involucrados en el caso, entre ellos, Máximo Noriega, excandidato a la Gobernación de Atlántico, y la hija de Samuel Santander Lopesierra, conocido en Colombia con el alias de «Hombre Marlboro».
El caso deriva de las declaraciones de Vásquez a inicios de marzo a Semana.com, a la que mencionó que el hijo del mandatario colombiano habría recibido recursos ilícitos para el financiamiento de la campaña presidencial de su padre, pero se habría quedado con ellos para invertirlos en una casa.
Según Vásquez, su exesposo había recibido unos 600 millones de pesos (125.000 dólares) de Santander Lopesierra, y unos 400 millones de pesos (83.000 dólares) de parte de Alfonso “El Turco” Hilsaca.
Lopesierra fue condenado por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos, mientras que Hilsaca tiene pendiente una decisión judicial por presunto homicidio y asociación delictuosa.
Nicolás Petro, de 37 años y abogado de profesión, negó las acusaciones de su exesposa y se puso a disposición de las autoridades para avanzar en las investigaciones. Estuvo casado con Vásquez entre 2019 y 2022.
El exfiscal Alfonso Gómez explicó que los involucrados enfrentan una condena de entre 15 y 20 años de prisión. Pero en entrevista telefónica aclaró que dependerá de cómo se desarrolle el proceso.
Gómez no descartó la posibilidad de que Vásquez, quien pasó de ser denunciante a imputada, pueda concretar un acuerdo que permite “la liberación de pena a condición de que cuente toda la verdad”.
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