La reforma de la Ley contempla un cobro de hasta 20% en impuesto a una persona natural, que realice transacciones a través de una institución no autorizada.
La Asamblea Nacional electa en 2020, de mayoría chavista, aprobó en primera discusión una reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales, que podría derivar en el cobro de hasta 20% de impuesto a una persona natural o jurídica que realice un pago en dólares o criptoactivos.
El ordenamiento que requiere una segunda discusión y su posterior publicación en gaceta oficial para su entrada en vigencia, contempla el cobro de entre 2% y 8% para una transacción a través de una institución financiera avalada por el Ejecutivo venezolano, de lo contrario, el monto podría ser más alto, y podría ubicarse entre 2% y 20%, dependiendo del valor.
Gabriel Velásquez, economista y jefe del Departamento de Investigación Económica de Econométrica asegura que se trata de una decisión desacertada, que apunta a un camino con vacíos, entre ellos el poder de compra del ciudadano y el aparato productivo, así como una verdadera recuperación del país.
Esa mejora económica que pudo verse en 2021, al menos en comparación con el oscuro año que representó 2020, será echada por tierra con la nueva normativa, traducido en un duro golpe para el consumidor y también para los comercios, siendo el sector supermercado uno de los principales afectados.
“Nos imaginábamos noticias como activación del crŕdito, que la liquidez monetaria aumentara, pero resulta que no ha pasado el primer trimestre del año y se da una noticia negativa”, expone Velásquez, al calificar la medida como un retroceso, luego del abánico de libertades que se había venido presenciando.
La decisión impulsada desde la administración de Nicolás Maduro reposa, de acuerdo al economista, en un intento de financiamiento vía recaudación fiscal, en una economía reducida y con un bajo poder de compra.
Aún así, cree que esto no podría tener mayor efecto ante las alternativas que siempre puede encontrar la población para sortearlo, sobretodo cuando la facturación se mantendrá en bolívares.
“Es difícil detectar este tipo de transacciones, no tienen la forma de captarlo, detectar ese efectivo es complicado. ¿Cómo detecta por Binance, o por algún monedero digital? Es casi transparente para el gobierno, son plataformas que no creo que sea tan sencillo. No creo que cuenten con las grandes capacidades”, apunta Velásquez.
Las fiscalizaciones podrían volver
En esta búsqueda por “incentivar el uso del bolívar”, como se encuentra establecido en la exposición de la reforma, lo que se podría terminar logrando es la reactivación de fiscalizaciones por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Aunque se desconoce si la agencia gubernamental cuenta con la plantilla completa para lograr este objetivo a nivel nacional, como una vez se efectuó en el pasado, no se descarta que este método de intimidación al sector privado se repita.
Para el economista Velásquez, es una posibilidad que podría acarrear graves consecuencias al tratar de evadirla. Explica igualmente que el bolívar puede ser rescatado desde otras tantas opciones, que permitan la confianza nuevamente en la moneda local, como fijando su uso obligatorio para el pago de la gasolina.
Con información de Bloombers
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