Al menos 14.000 estudiantes, cientos de académicos y otros trabajadores y colaboradores que se disponían a retornar a las universidades en Nicaragua en la segunda semana de febrero, siguen este sábado en el limbo después de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenara el cierre de sus centros de estudios o labores.
De súbito, estudiantes, maestros, rectores, trabajadores, colaboradores, incluso padres de familia, quedaron en el «aire», tras el cierre de 14 universidades privadas, a las que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, despojó de sus licencias.
«Es un golpe muy fuerte, porque no sabemos dónde vamos a ir a estudiar. Y nuestros padres, que se han sacrificado (por nuestros estudios), el golpe es más fuerte para ellos». Así dijo a Efe la estudiante Neyma Hernández, de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales de 2018.
Según los poderes Ejecutivo y Legislativo, se canceló la licencia a las universidades privadas porque «han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro». O porque su «Junta Directiva se encuentra acéfala».
El rector de la Universidad de Paulo Freire (UPF), Adrián Meza, que se exilió en Costa Rica después de que ilegalizaron su centro de estudio, por motivos de seguridad, aseguró que en varias ocasiones intentó entregar sus informes ante el Ministerio de Gobernación, donde no se los recibieron, porque, a su juicio, ya había una orden de cerrar las universidades.
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