El Parlamento de Francia aprobó definitivamente una ley para introducir un nuevo delito en el Código Penal. Cualquiera que practique «terapias de conversión» para cambiar la orientación sexual de una persona, incluso a petición de ésta, se arriesgará a recibir hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros.
La ley la adelantó el Lrem, el partido de
Emmanuel Macron, y la ministra de Igualdad, Elisabeth Moreno, calificó las terapias de conversión como «la antítesis de nuestros valores republicanos».
Así lo ha recogido la plataforma One of Us, una iniciativa que reúne a casi todas las organizaciones provida y profamilia dentro de Europa.
Medida protestada por psiquiatras
A la espera del pronunciamiento oficial de los obispos franceses ante esta medida, el texto ha desatado una oleada de protestas por parte de la comunidad médica y de los juristas ya que, tal y como han confirmado al diario Le Figaro, la ley «no se limita a prohibir las intervenciones médicas y psicológicas para cambiar la orientación de las personas homosexuales, sino que también se incluye las cuestiones relativas a la identidad de género». Las terapias de conversión, afirma, son «prácticas, conductas o propuestas repetidas encaminadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona, verdadera o supuesta, y que tengan por efecto alterar la salud física o mental».
Al incluir la identidad de género en el texto, protestó el Observatoire la petite sirène, un colectivo que reúne a médicos, psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas infantiles, «ya no podremos cuidar a menores que sufren disforia de género». Como explica la jurista Olivia Sarton, en la ley «no hay distinción entre menores y adultos y los problemas de las dos categorías de personas no son los mismos».
Prohibido negar el cambio de género
Según recoge One of Us, las solicitudes de transición de género entre los menores se han multiplicado por cinco en Francia desde 2012. Se está extendiendo un enfoque «afirmativo», dicen desde la plataforma provida y profamilia, que prevé iniciar la transición a los diez años con «bloqueadores de la pubertad, bombardeo hormonal y operaciones quirúrgicas desde los 15 años».
Los médicos, con este nuevo marco normativo, quedarán absolutamente desprotegidos y ya no podrá negarse a realizar una transición solicitada por el menor o los padres, ni podrá realizar una consulta psicológica para evaluar si la operación es adecuada o no para el caso específico.
El sector sanitario afirma que «se corre el riesgo de encerrar a los jóvenes en una identidad que quizás no fuera más que la expresión de sus dificultades, muy comunes también en la adolescencia». En lugar de actuar prematuramente con bloqueadores de la pubertad, las dificultades de los jóvenes deben ser enfrentadas «psicoterapia» para darle al niño la oportunidad de «comprender verdaderamente cuáles son sus problemas y lo que realmente quiere».
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