Cuatro años han pasado desde que el Ministerio de Salud condenó a los pacientes con enfermedades crónicas a la espera de un trasplante a vivir anclados a su patología, esto luego de que en el año 2017 se decidiera suspender de manera indefinida el programa de procura de órganos, así como los trasplantes de cadáveres donantes.
Este martes 1 de junio 92 organizaciones defensoras de los derechos humanos se unieron para exigir al Estado la reactivación inmediata de este sistema diseñado para salvar vidas. Bajo la etiqueta #ReactivenLosTrasplantes estas organizaciones han manifestado la gravedad de esta situación que ya lleva cuatro años en vigencia en un país como Venezuela, sumergido en una emergencia humanitaria compleja y donde los centros de salud no están en condiciones para garantizar atención digna a ningún paciente.
Consideran que esta decisión “ha generado un grave impacto en la población que requiere un trasplante par recuperar su salud y calidad de vida, en especial aquellos niños, niñas y adolescentes”.
Una medida que se veía venir
Hasta mediados de 2014 la Organización Nacional de Trasplantes (ONTV) fue el ejecutor del Sistema de Procura de Órganos para Trasplante (SPOT), sin embargo, a partir de ese año el Ministerio de Salud suspendió sus funciones y creó la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejido y Cédulas (FundaVene), y le adjudicó las funciones de procura de órganos.
Desde entonces comenzó una caída del número de trasplantes, que culminó con la notificación realizada por esta organización de suspender el programa de donante cadáver en todo el país a partir del 1 de junio de 2017, esto ante la supuesta imposibilidad de por no poder garantizar el suministro de inmunosupresores, tratamiento necesario para impedir que el cuerpo rechace el nuevo órgano o tejido, que era suministrado a los pacientes a través de la farmacia de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Social (IVSS).
El suministro irregular de medicamentos inmunosupresor de mantenimiento, las fallas del tratamiento previo a trasplante, las deficiencias en la red hospitalaria, el deterioro de los servicios y la migración del personal calificado, fueron otras de las razones que también contribuyeron para esta suspensión. Pero desde entonces han pasado cuatro años, y los problemas que llevaron a esta suspensión están lejos de solucionarse, por el contrario, han agravado a pasos agigantados.
Trasplante perdido
La ONTV ha estimado que el caso de las personas con enfermedades renales y que requieren para mejorar su salud un trasplante de riñón, han perdido en estos cuatro años 960 oportunidades de restituir su buena salud y calidad de vida, luego de que se desecharan órganos en condiciones aptas para estos pacientes.
De todos estos órganos al menos 150 pudieron ser para niños, niñas y adolescentes, quienes son considerados prioridad en este tipo de programas, para evitarles complicaciones inherentes a la enfermedad renal crónica y, además para garantizarles el acceso a la salud como prioridad absoluta.
Las personas que actualmente reciben tratamiento en las unidades de hemodiálisis presentan en este momento un deterior importante de su condición de salud porque en muchos casos, reciben menos horas de diálisis de las recomendadas, esto debido al suministro irregular de agua, a la reducción del personal, o que no pueden acceder a los medicamentos e insumos que requieren.
La situación es tan alarmante que los pacientes deben enfrentar hasta problemas de movilidad para trasladarse a recibir, tres veces por semana, el tratamiento requerido.
Los pacientes renales no tienen esperanzas de vida sin la enfermedad mientras este programa continúe paralizado.
Adicionalmente la situación de riego de las personas que ya recibieron un trasplante se ha incrementado debido al acceso irregular a los protocolos de inmunosupresores y a la falta de vacunación contra la covid-19, que junto con las personas que reciben diálisis deben ser considerados población de alto riesgo.
Tal cual |
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