Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.

Con información de BBC

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