Los principales partidos del oficialismo chileno (izquierda) anunciaron este jueves un esperado acuerdo político con el que se comprometieron a mejorar el proyecto de nueva Constitución en caso de aprobarse en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.
A solo un mes de la histórica votación en la que los chilenos deben elegir entre la actual carta magna o la nueva que comenzó a redactarse en 2021, los líderes de las grandes coaliciones que integran el Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, se decantaron por anunciar su compromiso por mejorar el texto tras el referéndum.
«Con esto esperamos que aquellos ciudadanos que han dudado de la nueva carta magna (…) puedan encontrar en este acuerdo una razón para votar por el apruebo (a una nueva Constitución)», señaló la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili.
Desde la biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, los líderes de una decena de partidos entre los que destacan el PPD, el Partido Socialista (PS), Convergencia Social (CS) y Revolución Democrática, detallaron los puntos clave del pacto, que incluye compromisos de mejora en materia «política, judicial, social y en el tema indígena».
Sobre esto último, aclararon que las autonomías territoriales que el proyecto constituyente otorga a 11 etnias «se desarrollarán en concordancia con la unidad del Estado» y enfatizaron que «la justicia indígena no tendrá competencia respecto a delitos penales, quedando siempre subordinada a la justicia ordinaria y la Corte Suprema».
En materia de pensiones, el grupo se comprometió a garantizar que seguirá existiendo un sistema mixto con un componente de capitalización individual, como en la actualidad, y aclararon que se respetará el desarrollo de la sanidad privada y la educación subvencionada.
El pacto llega en plena campaña electoral, en un momento en el que los sondeos dan ventaja a la opción de mantener la ley fundamental vigente -heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- en lugar de instaurar la nueva, redactada por una convención de tendencia progresista y enfocada a engrosar los derechos sociales.
«Este acuerdo busca dar certezas en la hoja de ruta de implementación de la nueva Constitución y combatir una millonaria y brutal campaña de desinformación que llega desde la derecha», agregó el senador Juan Antonio Latorre, presidente de Revolución Democrática.
A partir del 5 de septiembre continúa el debate legislativo y constitucional, apostilló Latorre, y «será el Congreso, junto con el Gobierno, el que tenga un rol fundamental para construir cambios profundos, pero con estabilidad y gobernabilidad».
El acuerdo no tardó en generar reacciones: uno de los voceros de la opción «Rechazo», Claudio Salinas, señaló que la actual propuesta constitucional es «mala para Chile».
«Eso debemos votar el próximo 4 de septiembre, no las triquiñuelas de último minuto para salvar sus intereses políticos y que no resuelven los temas de fondo, que es la agenda social que tanto importa a todos los chilenos», agregó Salinas.
Fue el actual mandatario, el progresista Gabriel Boric, quien esta semana adelantó a medios locales que buscaría garantizar un acuerdo previo al plebiscito para «quitarle incertidumbre a la gente».
«Veo que hay un espíritu de decir ‘hay cosas que se podrían haber hecho mejor’, y, por lo tanto, hay disposición de mejorar y va a haber un acuerdo político para aquello», anunció el martes.
En 2019, siendo todavía diputado, Boric fue uno de los impulsores del gran pacto político que permitió abrir el proceso constituyente y defendió fervientemente el cambio, aunque desde que es presidente -cargo desde el que no puede promover ninguna opción de cara al plebiscito- ha asegurado que «es legítimo apoyar cualquiera de las dos».
Mientras que la izquierda apoya el nuevo texto constituyente, enfocado a engrosar los derechos sociales y dar un rol más protagónico al Estado, los principales partidos de la derecha se alinearon para promover su rechazo por considerarlo «partisano» e «indigenista».
La nueva Constitución comenzó a redactarse como la vía política para amainar una masiva ola de protestas por la igualdad que comenzó en 2019 y dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos.
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