Se filtra Audio de extorsión: chavistas en España pagan Millones de €uros y son detenidos igual

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La Policía investiga una red encabezada por el ciudadano venezolano Martín Rodil, que extorsionó a varios exaltos cargos del régimen chavista en España, a los que reclamaba sumas millonarias de dinero a cambio de «protección».

Los servicios que esta organización ofrecía a sus clientes incluyen asesoramiento jurídico, protección para ocultarse de las autoridades españolas, un entramado de sociedades para blanquear su fortuna y, en algunos casos, documentos con una identidad falsa para eludir a la Justicia.

Entre los exaltos cargos del Gobierno de Venezuela que contrataron los servicios de esta red se encuentran Nervis Villalobos (que fue viceministro de Energía entre 2004 y 2006), la enfermera de Hugo Chávez (Claudia Díaz), su jefe de seguridad (Adrián Velásquez Figueroa), su guardaespaldas (Carlos Aguilera) y el exviceministro de Finanzas Alejandro Andrade el Tuerto. 

EL ESPAÑOL ha accedido a una grabación (que la Policía ha incorporado a la investigación judicial) en la que el presunto cabecilla de la red, Martín Rodil, intenta intimidar con amenazas veladas al exministro de Electricidad de Venezuela Javier Alvarado, quien finalmente decidió poner estos hechos en conocimiento de la Policía.

Su denuncia ha dado lugar a una investigación del Juzgado de instrucción número 29 de Madrid, cuya titular, la magistrada Cristina Díaz, ordenó el pasado 25 de febrero la detención de varios de los implicados.

La grabación a la que ha acceso este diario corresponde a una conversación telefónica, que tuvo lugar en febrero de 2016, entre Martín Rodil y Javier Alvarado, quien según explica en la misma acababa de llegar a España.

En la conversación, Martín Rodil alertó a su interlocutor en tono apremiante de que su seguridad en España peligraba, por lo que podía ser recomendable que regresara cuanto antes a EEUU.

Según le explicó, el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos había llegado pocos días antes a Madrid. Tras bajar del avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, le estaba esperando un policía que le entregó una citación para acudir a declarar como «testigo» en la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, al presentarse en esta cita, le comunicaron que estaba imputado en la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de blanqueo y corrupción. Según la documentación que obra en el sumario, Nervis Villalobos declaró ante la Fiscalía Anticorrupción el 1 de febrero de 2016, por lo que la llamada telefónica debió producirse pocas horas después.

En la conversación telefónica, Martín Rodil advirtió a Javier Alvarado que si era llamado a declarar en la Fiscalía podía correr la misma suerte que Villalobos y acabar en prisión, por lo que era preferible para él abandonar España. Según la grabación ha sido incorporada a la investigación judicial, la conversación se desarrolló en los siguientes términos:

Martín: Hay una situación aquí muy pero muy delicada (…) No te estoy llamando para meterte miedo, yo no necesito eso… Hoy nos pasó una situación delicada con Nervis, y esto vas a morir callado. Le citaron un fiscal de la Audiencia Nacional.

Javier: La Audiencia Nacional es aquí, en España, ¿no?

Martín: Aquí, huevón. En calidad de testigo. La carta dice claramente en calidad de testigo.

Javier: ¿Pero sabíamos eso antes, o es una sorpresa?

Martín: No sabíamos. Llegó al aeropuerto el jueves, o no sé cuándo llegó. Lo estaba esperando un alguacil y le entrega la vaina. Por supuesto llamamos a los amigos nuestros: no tranquilo, no pasa un coño, que vaya. Pero cuando llegó lo imputó, huevón.

La Audiencia Nacional investiga a Nervis Villalobos por un contrato de 1.500 millones de euros que la empresa pública La Electricidad de Caracas (EDC) adjudicó a la metalurgia asturiana Duro Felguera para construir una central eléctrica, denominada Termocentro, en el Estado de Miranda (Venezuela).

El testaferro

De esta cantidad, Duro Felguera abonó más de 50 millones de dólares por supuestos servicios de asesoría a un funcionario chavista, que habría actuado como un mero testaferro. El dinero acabó en cuentas vinculadas a Nervis Villalobos en Andorra (en el Banco de Madrid) y en varios paraísos fiscales: en las Islas Vírgenes y en Madeira.

En la conversación grabada en febrero de 2016, Martín Rodil intentó transmitir a Javier Alvarado que su situación podía volverse peligrosa en España, a raíz de la declaración judicial de Villalobos. Podía resultar urgente que abandonara el país y regresara a EEUU, según le advirtió.

Martín: Ten cuidado, porque deben estar buscándote para mandarte una citación a ti. Si te llega una citación de esas, hermano, sal de aquí.

Javier: Vale. Ok, pero me interesa eso que me estás contando. ¿Y cómo quedó por fin?

Martín: Muy peligroso, muy peligroso. Porque una imputación te pueden quitar el pasaporte, una imputación te pueden arrestar, te pueden hacer otras cosas.

Javier: ¿Lo lograron mantener afuera? (se refiere a Nervis Villalobos).

Martín: Afuera, afuera, lo dejaron ir… No le han quitado el pasaporte, pero yo estoy tratando ahorita a ver cómo coño con los amigos míos desmonto eso. Qué fue lo que pasó. Primero porque lo engañan, le dicen que va de calidad de testigo y cuando llega le dicen: No, estás imputado.

Martín Rodil aludía a que iba a recurrir a sus contactos en la Policía española para intentar resolver la situación judicial del exviceministro Nervis Villalobos.

Martín: Aquí lo que pasa, Javier, que es lo que tienes que entender, huevón, que aquí hay un juego político de coño madre. Están en pleno proceso de negociación entre los dos partidos que están tratando de formar Gobierno. Están tratando que haya un escándalo para ponerle un costo político a esa negociación.

Javier: Claro.

Martín: Entonces, ¿quiénes son los que están aquí? Tú y él. Coño, ¿me entiendes?

Javier: Claro, yo entré por otra ciudad… Ellos no saben que estoy aquí.

Martín: Sí, pero tú no sabes si el teléfono te están escuchando. Ellos tienen un mecanismo de búsqueda, ¿me entiendes?

La conversación se prolongó durante ocho minutos y, finalmente, el cabecilla de la red de extorsión aconsejó a su interlocutor que se mantuviera oculto, evitara recoger cualquier citación judicial y estuviera preparado para abandonar el país:

Martín: Estate bajo perfil, no andes de cuentos, de coño… Y si preguntan en casa, no está. Si llaman, no está… Para quien sea, no está.

Javier: Perfecto, y apenas tú me des pistas, agarro y salgo de vuelta. Me esperas tú por allí tranquilo.

Martín: Yo voy a hablar ahorita con Bonifacio, que es el de la Policía. Porque le pedí luces, coño, qué es lo que está pasando. Bonifacio, llego aquí y me encuentro esta sorpresa.

Martín Rodil aludía así a que iba a ponerse en contacto con Bonifacio Díez, un hombre de la máxima confianza del entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, para intentar resolver el problema. De hecho, Rodil da a entender que ya ha mantenido una primera conversación con Bonifacio Díez para «pedirle luces», es decir, para averiguar el motivo de la imputación de Nervis Villalobos.

Pero la llamada telefónica registrada puso en evidencia que la «protección» que la red de Martín Rodil ofrecía a sus clientes era simple humo. Pese a haber pagado 6 millones de euros a esta organización, el exviceministro Nervis Villalobos sería detenido, y acusado de corrupción tanto en España como en EEUU.

La ‘enfermera’ de Chávez

La misma suerte han corrido otros clientes de Martín Rodil como el exviceministro de Finanzas de Venezuela Alejandro Andrade el Tuerto (que ha sido condenado a 10 años de cárcel en Florida) o la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz, y su marido, Adrián Velásquez Figueroa, cuya extradición a EEUU fue aprobada por la Audiencia Nacional el pasado mes de noviembre.

En las semanas posteriores a la conversación telefónica registrada el 1 de febrero de 2016, Javier Alvarado recibió varias llamadas de Martín Rodil en las que, siempre con veladas amenazas sobre los problemas que podía sufrir en España, le instaba a abandonar el país y regresar a EEUU para alcanzar un acuerdo (profer) con la Fiscalía norteamericana.

Según las fuentes judiciales consultadas por este diario, antes de establecerse en España Javier Alvarado residió temporalmente en EEUU, donde colaboró con varios fiscales (Sara E. Edwards, Robert S. Johnson y John. P. Pearson) y con un agente de la Agencia de lucha contra la droga DEA, Sandalio González, a los que suministró información sobre la corrupción del régimen chavista.

Estos contactos le habían sido facilitados por el cabecilla de la red de extorsión, Martín Rodil. En sus llamadas a España, Rodil insistía ahora en que Alvarado debía regresar a EEUU para culminar el profer con la Fiscalía norteamericana, a cambio de nuevos pagos económicos.

Pagos en Hong Kong y Panamá

Como ha informado EL ESPAÑOL, los pagos millonarios reclamados por esta red debían efectuarse en la cuenta de un banco de Hong Kong, cuyo titular es la sociedad ATC Engineering and Consulting Limited Corp, con sede en Panamá. El presidente y representante legal de esta sociedad es el ciudadano panameño José Eugenio Silva Ritter.

Alvarado denunció finalmente estos hechos a la Policía. En la denominada operación Caranjuez que dirige la magistrada Cristina Díaz, han sido detenidos el exmilitar israelí Avi (quien habría actuado como el cabecilla de la red en España), un inspector de Policía Nacional y un abogado.

Según las mismas fuentes judiciales, tras su llegada a España, en el verano de 2015, Javier Alvarado había colaborado con la Fiscalía Anticorrupción y con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino.

Allí expuso que, durante su etapa como presidente de la central de compras de l petrolera PDVSA, Bariven, encargó una auditoría interna ante la sospecha de que dos de los directivos de la petrolera estatal, Silvestre Molero (hoy comisario principal de PDVSA) y César Rincón Godoy (gerente de Planificación, Presupuestos y Gestión), amañaban concursos a cambio de mordidas millonarias.

Tras estos hechos, Javier Alvarado remitió el 19 de julio de 2018 a través de sus abogados a los fiscales de EEUU Sara E. Edwards (destinada en Washington), Robert S. Johnson y John. P. Pearson (destinados en Miami) distintos documentos sobre la investigación interna que había ordenado en Bariven y sobre las prácticas corruptas de los directivos de PDVSA Silvestre Molero y César Rincón Godoy.

Sin embargo, los fiscales norteamericanos ocultaron estos datos al Gran Jurado que preparó el escrito de acusación contra ex altos cargos de PDVSA por corrupción. La querella privada presentada por PDVSA ante la Audiencia Nacional es casi idéntica el escrito de acusación elaborado por los citados fiscales norteamericanos (aunque allí no se acusa a Nervis Villalobos, César Rincón ni Luis Carlos de León, que sí están acusados en Houston).

El poderdante de la querella es presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, quien junto al comisario principal de la petrolera Silvestre Molero firmó el 15 de noviembre de 2016 la orden para contratar al despacho de abogados ILOCAD (dirigido por Baltasar Garzón) para emprender acciones judiciales en la Audiencia Nacional. Garzón ha aclarado que su despacho de abogados no ha sido contratado directamente por PDVSA, sino por la firma norteamericana Squire Patton Boggs, que representa los intereses de la petrolera a nivel mundial.

Con información de El Español.

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