Ha estallado como una bomba de trueno la información de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de “conceder” al gobierno de Maduro un lapso que vencerá el 16 de abril del 2022 para que informe sobre las investigaciones que en un primer lugar le correspondería hacer sobre la investigación y procesamiento de los hechos criminales que se le imputan.
Este lapso no es nuevo, solo es una prórroga del que ya se había establecido y cuyo vencimiento estaba pautado para el pasado 16 de enero de este año, prórroga que se otorga debido a varias circunstancias, entre otras el frustrado viaje de Delcy Rodríguez cuando el gobierno de Países Bajos, sede de la CPI, negó el aterrizaje del avión en el que ella viajaba con la intención de reunirse con el Fiscal.
NO ES UNA NUEVA EXIGENCIA DEL FISCAL AL GOBIERNO
De lo anterior se deduce que ya antes se había exigido al gobierno que informara sobre las actuaciones de investigación y enjuiciamiento a los responsables de los crímenes objeto de la investigación. Esto que hoy es una ratificación de lo que ya antes se había exigido.
DOS ASPECTOS NECESARIOS RECALCAR
1. El documento publicado por la Fiscalía de la CPI al identificar su contenido asienta: “Representantes del Estado. Autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela Amicus Curiae”
De esto se desprende que usando esa misma forma (Amicus Curiae) la A.N y/o Guaidó deben y pueden intervenir en ese proceso. Esto debido a que en virtud de que todavía el fiscal no ha formalizado una acusación, no puede señalar persona alguna y entonces acude a la fórmula de “Amicus Curiae” (amigo de la Corte) bajo la cual cualquier persona puede intervenir produciendo argumentos, informaciones, o cualquier otro aporte que colabora en la búsqueda de la justicia que corresponde al tribunal, y me pregunto: ¿Porqué hasta ahora -y lo he pedido varias veces en mis artículos- nuestra Asamblea Nacional, ni el gobierno interino han intervenido en este proceso utilizando esa fórmula? deberían hacerlo, máxime al haberse revelado en este nuevo informe de la fiscalía que el gobierno de Maduro es así como está actuando en el proceso.
2. Hay que elevar una queja ante el Fiscal Khan porque Maduro tiene designada a una representante a título de Embajadora ante la Corte Penal Internacional, que es la señora Gladys Gutiérrez. Luego, no está bien que se acepte la intervención de otras personas del gobierno en este proceso. Ese tema lo denuncié en anterior artículo con los detalles sobre el nombramiento de esta señora embajadora.
VER:
https://carlosramirezl3.medium.com/?p=ccb4e501eea3
En efecto, ellos tiene acreditada para las relaciones con la CPI a un funcionario, esto de conformidad con el artículo 87.1 del Estatuto de Roma: “La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Parte. Estas se transmitirán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte…” Y luego en el artículo 177 de las Reglas de Procedimiento y Prueba se reafirma así: “1. En las comunicaciones relativas a la autoridad nacional encargada de recibir las solicitudes de cooperación hechas a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión figurará toda la información pertinente acerca de esa autoridad.”
LOS APRIETOS DE MADURO Y LA INERCIA DE NUESTRAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS
Lo que sí es verdad es que el caso se está moviendo allá en la Corte Penal Internacional, el Fiscal Karim Khan está activo en el caso.
Hay cosas en las que se hace necesaria una participación activa de nuestras autoridades legítimas que hasta ahora se han desentendido del asunto tratándose de algo vital para las luchas y esta es una de ellas.
Desde esta tribuna les hacemos un llamado para que atiendan este tema de tanta importancia tanto nacional como internacional.
Por Carlos Ramírez López
Abogado Venezolano litigante con 40+ años de experiencia. Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Constitucional. Estudios en Cortes Internacionales
Twitter: @CarlosRamirezL3
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