El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, informó este lunes que se aplicaron medidas contra cinco magistrados nombrados directamente por el presidente de El Salvador; la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras; y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila. Fueron sancionados por «socavar la democracia y obstruir las investigaciones de corrupción» en sus países.
«Estados Unidos continuará utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo de Centroamérica», señaló Blinken, agregando que su país seguirá apoyando «a los pueblos de El Salvador y Guatemala en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias».
En paralelo, Bukele cambió el pasado domingo su biografía en Twitter por «dictador de El Salvador», en un aparente gesto irónico dirigido a la oposición, que la semana pasada protagonizó una multitudinaria protesta con tres consignas principales: «Fuera dictadura», «No al bitcóin» y «No a las reformas constitucionales».
La reciente entrada en vigor de una ley que autoriza la circulación del bitcóin como la segunda moneda de curso legal en El Salvador, sin que la mayoría de la población sepa cómo funciona; la aprobación de una reforma por parte de la Asamblea Legislativa –de mayoría oficialista– para cesar de sus cargos a los jueces mayores de 60 años; y la propuesta de una controvertida modificación constitucional que, entre otras cosas, prevé la reelección presidencial, han encendido las alarmas de la oposición política y la comunidad internacional por la presunta «deriva autoritaria» de Bukele.
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