Tal como lo expresa la ley, en un estado comunal los líderes son afines a la ideología socialista que impone el chavismo. Sus coordinadores tomarían la autoridad de alcaldías y gobernaciones para comenzar a gestionar políticas públicas.
En marzo pasado, la Asamblea Nacional del oficialismo aprobó en primera discusión la Ley de Ciudades Comunales, un recurso jurídico que tiene como fin máximo instaurar el estado comunal en Venezuela. Los electores del referéndum de 2007 conocen la propuesta, especialmente los que votaron en contra, ya que actúa, según expertos, como base para crear una estructura paralela e inconstitucional que transformará política y territorialmente el país.
Por ejemplo, si usted quisiera denunciar algún caso de extorsión por parte de algún miembro de esa estructura, no podría porque sería la única «entidad» a la cual acudir. Lo mismo pasaría si buscara justicia ante una situación de violencia intrafamiliar, pero no encontrara dentro de la justicia comunal algún especialista; o si necesitara un permiso de construcción y la misma organización se lo negara alegando que se trata de «tierras públicas» aunque sean de su propiedad.
A pesar de ser situaciones que respalda, el desconocimiento alrededor del aún proyecto de ley se mantiene. Solo basta con preguntar a un familiar o amigo si sabe de qué trata para reconocer las ambigüedades que existen.
Sin embargo, para comprender lo que busca la administración chavista hay que preguntarse: ¿Qué cambiará del presente la ley? ¿Por qué reimpulsarla en este momento? ¿Cuánto poder tendrán sus líderes? ¿Por qué el gobierno trabaja en ella con tanta opacidad? Como ciudadanos, ¿hay una manera de prepararse?
Con el fin de aclarar las dudas, y presentar lo que propone la Ley de Ciudades Comunales de una forma sencilla, El Estímulo conversó con el director de la organización civil Acceso a la Justicia y abogado constitucionalista, Alí Daniels.
¿Qué es la Ley de Ciudades Comunales?
Daniels definió la Ley de Ciudades Comunales como «una vía, creada por el poder Ejecutivo, para instalar una paraestructura que sustraerá competencias a las autoridades político-territoriales (gobernadores, alcaldes y concejales)».
Esto es algo en lo que concuerda el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea): «Tendrán la posibilidad de sustituir las diferentes instancias de gestión regional, local y municipal mediante la transferencia de recursos y competencias, a autoridades no electas por el voto universal, directo y secreto».
Si bien se lee como algo que ya existe, debido al papel que juegan los consejos comunales en Venezuela, su impacto es superior por el carácter nacional que la administración de Nicolás Maduro le otorgará.
De hecho, el abogado resalta ese factor como un diferenciador del contexto actual, pues considera que «la comuna, como organización integral, no se ha concretado en el país». Al menos no como lo esperaba el chavismo cuando entró en vigencia la Ley de Comunas en el año 2010.
A su juicio, las razones por las cuales la comuna no superó la barrera hiperlocal son las siguientes:
- Los consejos comunales existen como instrumento de justificación ideológica más allá de las competencias atribuidas.
- No se lograron constituir los órganos que integran y hacen funcional la comuna. Por ejemplo: bancos comunales y asambleas comunales.
- Las estructuras comunales y vecinales también se quedaron sin líderes debido a la migración que ocasionó la misma crisis del país.
- Los consejos comunales se convirtieron en medios de sustento (obtención de ingresos) de los cuadros bajos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para no depender, estrechamente, de gobernaciones o alcaldías.
Tan complejo fue hacer realidad la estructura comunal que se convirtió en una de las tareas que Hugo Chávez dejó antes de irse a Cuba en octubre de 2012: «Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida: las comunas».
¿Por qué es inconstitucional?
El artículo 1 de la Ley de Ciudades Comunales señala que su objetivo es “establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las Ciudades Comunales, como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal”.
Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) no contempla como parte de la división política – territorial ni la figura de comunas ni la de “ciudades comunales”.
El artículo que lo deja claro es el número 16, el cual establece que cualquier división de este tipo es inconstitucional y solo podrá cambiarse a través de la “realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva”.
Es por ello que Alí Daniels indica que existe una doble inconstitucionalidad, ya que no se trata solo de lo que plantea la CRBV, sino también la existencia de un mandato expreso en contra: el referéndum del año 2007.
“En ese momento, el pueblo venezolano votó en contra y estaba contemplado el estado comunal. Por eso lo han establecido vía ley, porque no lo pudieron establecer ni incluir en la constitución, y se burlaron de la voluntad popular. El tema de la inconstitucionalidad es lo más grave porque es un fraude a la Constitución”, apuntó.
¿Qué funciones tendría?
El proyecto jurídico resume en su artículo 19 cuáles son los ámbitos de acción que tendrá el estado comunal: tierra urbana; vivienda y hábitat; calidad y cobertura de los servicios públicos; salud; economía y producción comunal; ecosocialismo; mujeres, igualdad y equidad de género; defensa y seguridad integral; familias y protección de niños, niñas y adolescentes; recreación y deportes; educación, cultura y formación socialista; equipamiento e infraestructura urbana.
Además, señala que también se incluirá “cualquier otro comité que se considere de acuerdo a la realidad local de la Ciudad Comunal”.
Si bien estas son funciones que ya coordinan estructuras impuestas por Maduro, por ejemplo, los protectorados en estados como Táchira, Anzoátegui, Nueva Esparta y Mérida y los mismos consejos comunales, lo cierto es que su existencia no se traduce en una mejora.
Informalización de la administración pública
Uno de los aspectos que Daniels resalta es que los consejos comunales «son absolutamente inadecuados para prestar servicios públicos». Para contextualizar, precisa: «La distribución de gas tiene años en sus manos y eso ha traído una enorme corrupción e ineficiencia. Un servicio público no solo exige mano de obra, sino capital y capacitación técnica. Nada de eso lo tiene la comuna. Eso ha generado que el servicio de gas doméstico sea un desastre en Venezuela».
Por eso califica como un sin sentido el hecho de que se le entregue a las ciudades comunales competencias en materia de violencia de género o protección familiar: «Si no pueden encargarse de llenar una bombona de gas, ¿podrán dar protección a víctimas de violencia?».
Un aspecto que resalta, y que Acceso a la Justicia ha detallado a profundidad en sus informes, es que los consejos comunales son estructurales informales. Están desprovistos de oficinas y recursos, por lo que el abogado interpreta que se generaría una informalidad más evidente de la administración pública.
Para entenderlo mejor: «Si usted va a a un consejo comunal, y le niegan un recurso o permiso para construir, usted sabe lo que tiene que hacer. Va a un tribunal. Pero en estos supuestos, donde no hay papeles, todo es oral, ¿qué posibilidad tiene el ciudadano de reclamar?».
¿En qué se justifica el estado comunal?
El gobierno de Maduro argumenta que la base para consolidar la ley de ciudades comunales es el poder Popular, entendiéndolo como un proceso para «desarrollar la democracia participativa y protagónica». Hay que destacar que este es el mismo principio de otras leyes, por ejemplo la Ley de Comunas y la de Consejos Comunales.
Sin embargo, Provea reitera que con esa premisa ocurre todo lo contrario por tres razones:
- Se agravó la delegación absoluta de la capacidad de gestión y decisión en la cúpula del poder estatal.
- Se generó mayor opacidad en la gestión pública.
- Aumentaron las anomalías en la gestión de los recursos.
Este punto se evidencia en el artículo 53 del proyecto, el cual señala que las Ciudades Comunales se regirán por el principio de “gobierno obedencial y corresponsabilidad”, lo que la ONG advierte como una liberación del Estado de sus obligaciones, ya que las traslada a esa posible estructura política.
En concordancia, Acceso a la Justicia escribió en un artículo publicado el pasado abril: «la Ley de las Ciudades Comunales establece que grupos de ciudadanos organizados en consejos comunales podrán asumir la conducción de parte del territorio, y aunque se les prometen fondos, la transferencia de poderes desde la República, estados o municipios, y se les da autonomía para tomar sus decisiones, lo cierto es que al menos la última oferta es totalmente falsa, pues en efecto, los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales».
En otras palabras, se afianza el centralismo y la sujeción de los consejos comunales al poder Ejecutivo y militar.
El factor ideológico
Otro fundamento que Alí Daniels indica es que el proyecto funge como protección ideológica del chavismo, especialmente tras los disgustos que asegura se generaron dentro del propio PSUV por la aprobación la Ley Antibloqueo el 9 de octubre de 2020.
“Se está retomando para contrarrestar las críticas que desde lo interno salieron contra esa ley, (…) sabían que eso generaría privatizaciones y eso va en contra de la ideología izquierdista que supuestamente tiene este gobierno. Por eso se está reimpulsando este proceso de estado comunal. En realidad, las competencias que tienen (los consejos comunales) (…) no (…) le quitan protagonismo al poder Ejecutivo, sino a los gobernadores y alcaldes. Es una forma de decir que este gobierno sigue siendo un gobierno de izquierdas aunque actúe en contra de los principios socialistas”, explicó.
El jurista no es el único que apunta a que el instrumento jurídico sirve al gobierno de Maduro para implementar medidas económicas con mayor opacidad. El mismo Tareck El Aissami, ministro de Petróleo, dijo sobre ella antes de su aprobación: “permitirá lograr mecanismos novedosos, que tenemos que hacerlos en silencio, para impulsar y promover inversiones extranjeras; y darles seguridad jurídica a todos los empresarios nacionales y extranjeros”.
¿Cuándo podría oficializarse?
Según Daniels, lo más lógico sería que se implemente después de las elecciones regionales. Tras ver los resultados y evaluar sus intereses, Maduro decidirá si hará funcionar las Ciudades Comunales en aquellos territorios donde gane la oposición. Es decir, actuarían como espejo de los protectorados, lo cual dejaría en evidencia al gobierno y también ha motivado la opacidad que se maneja con relación a la ley.
Ante esto, prosigue el especialista: «Yo no creo que vaya a haber muchas transferencia de competencias, precisamente porque los gobernadores y alcaldes chavistas no querrán perder las capacidades ya minimizadas».
¿Se debería preparar el ciudadano?
«Sí, porque (…) se les está quitando la voz. Se pretende decir que los consejos comunales representan a la comunidad cuando la verdad no son más que estructuras del gobierno. Lo que tienen que hacer los vecinos, y eso ya está ocurriendo, es protestar», afirma el director de Acceso a la Justicia.
Esto es algo que la organización compartió en su último informe anual,el cual señala que durante el primer semestre de 2021 se registraron 3.393 protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Para el abogado las manifestaciones se traducen como: «una transformación de los mecanismos de protestas. Antes se pedía un cambio de gobierno y ahora las manifestaciones son por falta de agua, luz, gasolina, etc. Que sean cotidianas demuestra que el supuesto control sobre los estratos populares no es tan fuerte como el gobierno quisiera».
