Mientras la Corte Penal Internacional escudriña las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, el régimen chavista intenta desviar la atención emprendiendo una imposible reforma del sistema judicial.
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Venezuela tiene años enfrentando un problema de hacinamiento en sus cárceles que no ha podido resolver.
Hace dos semanas, Maduro planteó una solución que ejecutaría en un lapso de 60 días. La iniciativa está dirigida a los llamados centros de detención preventiva, y su objetivo es tan optimista que genera escepticismo en los expertos.
Entre 40.000 y 65.000 personas se encuentran recluidas en esos lugares que solamente deberían albergar a un preso por un lapso de 48 horas.
El resto se encuentra en las cárceles dónde, de acuerdo con datos oficiales, hay 40.000 reos más, aunque esos recintos tienen capacidad para acoger a solo 30.000.
La directora de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, no ve ninguna solución posible al hacinamiento pues todos los sitios de reclusión ya están sobrepasados en su capacidad.
Además del hacinamiento, los presos también padecen dificultades para recibir atención médica, las mujeres son víctimas de abusos. Y la corrupción toca a todas las aristas del sistema.
Una revolución penitenciaria
La comisión encargada de lo que el Gobierno ha denominado como una “revolución judicial” solo ha explicado que buscan acabar con el retardo procesal y el hacinamiento.
El esfuerzo lo dirige Diosdado Cabello. Junto a él, hay comisiones del Tribunal Supremo, la Fiscalía, cuerpos policiales, los ministerios de Interior y Penitenciario, así de como la Defensa Pública.
El liderazgo de Cabello al frente de la iniciativa es el principal cuestionamiento que se hace. “Si hay una persona que demuestra que en Venezuela la justicia no es igual para todos es precisamente esta persona”, dijo el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Daniels ejemplifica cómo es el trato preferencial de la Justicia chavista a los jerarcas del régimen con un ejemplo. Cita el caso de una mujer que demandó al Estado venezolano por la muerte de su esposo a manos de un funcionario. Recibió 17.000 dólares como indemnización.
En cambio, Cabello, recibió al menos 13 millones de dólares tras demandar al diario El Nacional por supuestamente publicar una noticia falsa sobre él.
Iniciativas recicladas
El anuncio se suma además a, al menos, otros cuatro en los últimos 20 años. Entre ellos está el popular “Plan Cayapa”, creado hace casi diez años para disminuir el retardo procesal. Daniels lo califica como un fracaso.
El activista cree que la nueva medida apunta a “maquillar” la imagen del régimen que está siendo evaluado por organismos internacionales, tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Corte Penal Internacional (CPI).
“Esto es parte de toda una estrategia política del gobierno venezolano para maquillar su imagen”, sostiene Daniels.
Y así, pasadas dos semanas del anuncio, aún no hay datos concretos sobre cómo avanza este plan.
